Erick Becerra
Este lunes, transportistas y productores estrangularon algunas autopistas del país, incluyendo Puebla, Guerrero y Querétaro.
La exigencia es nacional y se basa en dos demandas fundamentales:
Frenar la imparable inseguridad que azotan las autopistas, donde el crimen organizado asalta, secuestra y mata a los conductores.
Y por otro lado, los productores de maíz que exigen se cumplan los precios de referencia que la 4T prometió en campaña.
Obviamente, se puede simpatizar con las exigencias de los manifestantes y todo aquel con sano juicio puede demandar lo mismo: en suma, justicia.
Es por ello que cada demanda debe ser escuchada y atendida por las autoridades sobre todo federales, pues la mayoría de los delitos cometidos son del fuero federal.
La autopista Puebla-Orizaba se vio afectada con intermitencia, afectando las cadenas de suministro de la industria en general, y de automotriz y autopartes, y se amenaza con realizar mayores movilizaciones este martes.
La iniciativa privada exigió al gobierno federal atender las demandas para frenar las movilizaciones que están afectando al aparato productivo.
La Asociación Nacional Transportista rechazó la acusación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de que hayan intereses políticos detrás de las movilizaciones.
Dice la titular de Segob que no hay razones para los paros, pero la inseguridad que priva las autopistas es inaguantable. Y dadas las miles de afectaciones a causa de los bloqueos, las autoridades están obligadas a atenderlos y resolverlos con urgencia.