S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias soberanas de largo plazo en moneda extranjera de 'BBB' y en moneda local de 'BBB+' de México, con perspectiva se mantiene estable, al considerar que posibles disputas con Estados Unidos se gestionarán de manera pragmática.
También confirmó las calificaciones soberanas de corto plazo en ‘A-2’ y mantuvo sin cambio nuestra evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C) de 'A'.
La calificadora destacó que la perspectiva estable refleja su expectativa de que una gestión macroeconómica cautelosa, incluyendo una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales bajos, estabilizarán las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento de México durante los próximos dos años.
Consideró que las posibles disputas entre México y Estados Unidos sobre comercio, inmigración y otros asuntos se gestionarán de una manera pragmática que sustente la estabilidad económica y mantenga la profunda integración económica entre los dos países.
La agencia calificadora espera una amplia continuidad en las políticas económicas y sociales bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Refirió que las compulsiones económicas podrían llevar a una implementación más pragmática de políticas, especialmente en sectores clave como la electricidad, para atraer más inversión extranjera e impulsar la débil tasa de crecimiento del PIB de México.
Acotó que las reformas constitucionales introducidas por el gobierno anterior, incluida la reorganización del sistema judicial y la reducción de la autonomía de varios organismos reguladores, han generado mucha controversia.
La reforma judicial conducirá a la elección popular de jueces federales en todos los niveles, comenzando con una primera ronda de elecciones a mediados de 2025.
Añadió que la reforma busca reducir la corrupción en el sistema actual, aunque algunas opiniones señalan que socavaría la independencia judicial y debilitaría el estado de derecho.
En opinión de S&P Global Ratings otras reformas que incluyen medidas para afectar o abolir las agencias reguladoras, incluidas aquellas que se ocupan de la competencia, el acceso a la información y las políticas energéticas, y transferir su poder a las secretarías de gobierno, podrían debilitar la efectividad de esas agencias.
"En nuestra opinión, las implicaciones a largo plazo de estos cambios no están claras, pero se corre el riesgo de debilitar la confianza de los inversionistas y potencialmente la transparencia y previsibilidad de las políticas gubernamentales", observó.
