La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el 30 de mayo de 2025 se realizó una operación de BONDES G consistente en la reapertura de bonos con plazos de 2, 3 y 5 años por un monto de 179 mil 390 millones de pesos.
Esta emisión forma parte de la estrategia de “Movilización de Financiamiento Sostenible” y está alineada al Plan Anual de Financiamiento 2025.
Sostuvo que ello contribuye a fortalecer la liquidez y mejorar la eficiencia del mercado de deuda local.
La colocación se distribuyó de la siguiente manera: 13 mil5 millones de pesos para la reapertura del bono a 2 años; 7 mil 650 millones de pesos para el bono a 3 años y 9 mil 345 millones de pesos para el bono a 5 años.
Cada uno de estos instrumentos registró una sobretasa de 0.1099%, 0.1642% y 0.1846%, respectivamente.
La emisión alcanzó una demanda total de 65 mil 240 millones de pesos, lo que representa 2.17 veces el monto colocado, reflejando la confianza del mercado en estos instrumentos sostenibles.
Afirmó que con esta operación, la décima desde el lanzamiento de estos instrumentos, México avanza en su estrategia de financiamiento sostenible, consolidándose como referente regional en la emisión de bonos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible al fortalecer el mercado de deuda local mediante la segunda colocación de BONDES G en lo que va del año. Esta operación refleja el esfuerzo del Gobierno de México por impulsar un crecimiento económico responsable, incluyente y respetuoso con el medio ambiente.
Los BONDES G son instrumentos de deuda del gobierno federal con tasa flotante, determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE de Fondeo publicada por el Banco de México. Este mecanismo permite una respuesta eficiente a las condiciones de liquidez del mercado. Su etiquetado con ODS responde a un enfoque estratégico de finanzas sostenibles, al alinear la asignación de recursos públicos con proyectos de impacto ASG, así como con las metas nacionales e internacionales de sostenibilidad.
Además, contribuye a la consolidación de una curva de rendimiento sostenible que servirá de referencia para futuras emisiones ambientales sociales y de gobernanza.
