El encarecimiento de los servicios aumentarán globalmente en ocho puntos del producto interior bruto (PIB) la presión fiscal en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de aquí a 2060 si no se llevan a cabo reformas para afrontar el reto demográfico.

Así se expuso en un informe publicado por la organización, que defiende "un conjunto ambicioso de reformas" del mercado de trabajo y de las pensiones.

Indicó que se trata de aumentar la tasa de empleo con la eliminación de las jubilaciones anticipadas, pero también de vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida con ocho meses de trabajo más por cada año de esperanza de vida adicional.

Eso podría reducir a la mitad la presión fiscal esperada para las próximas cuatro décadas, que en realidad difiere bastante de un país a otro por su estructura demográfica actual y su evolución previsible.

La OCDE destaca que los países que en términos relativos afrontan los mayores retos para sus finanzas públicas son Eslovaquia con 17.21 puntos porcentuales de PIB de presión fiscal adicional, Polonia con 13,95 y España con 13,25.

El organismo hizo hincapié en que mientras dure la crisis por la covid-19 la política fiscal debe privilegiar los esfuerzos de la sanidad y mantener las capacidades productivas con ayudas para preservar la capacidad productiva de los países, sobre todo las pequeñas empresas y los trabajadores vulnerables.

Advierte que uno de los riesgos con el incremento de la presión fiscal es que aumente todavía más la deuda pública, que ya ha dado un salto importante de entre 20 y 25 puntos de PIB más entre 2019 y 2022 a causa la crisis de la pandemia.

Los autores del informe advierten de que con una "normalización" de los tipos de interés, que siguen en niveles históricamente bajos por la política de los grandes bancos centrales para afrontar el choque del coronavirus, la carga financiera de esa deuda aumentará.