En Puebla 65 por ciento de las y los reclusos reporta comparte celda con más de 5 personas.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que sumó 67 mil 584 personas entrevistadas de un universo de 220 mil 500 internos, aborda las condiciones de la población penitenciaria privada de su libertad legalmente, sus condiciones de procesamiento e internamiento.

La encuesta incluyó la visitas a 203 centros penitenciarios, incluidos 8 del estado de Puebla, siendo 8 mil 900 los presos en la entidad, de los cuales 1 de cada 5 se siente inseguro en su celda y uno de cada tres en el reclusorio, mientras que 43.5 por ciento se declara víctima de corrupción durante alguna etapa relacionada con su encarcelamiento y 47 por ciento advierte autogobierno o cogobierno en la cárcel.

De los reclusos en el país, 208 mil son hombres y 12 mil 500 mujeres, siendo Puebla el cuarto estado con más mujeres presas con alrededor de 700 personas, solamente superada por Estado de México (2 mil 100), Ciudad de México (1 mil 600) y Baja California (700).

Antes de su reclusión 73 por ciento de las presas reportaba tener trabajo, el 68 por ciento señalaron haber tenido dependientes económicos, el 67.8 por ciento tienen hijos menores de edad y el 11.7 por ciento se dijo embarazada durante su estancia en el centro penitenciario.

También 22 por ciento las mujeres recluidas señalan que han tenido que pagar por servicios, en especial medicamentos, medico, pañales y artículos de higiene personal.

El 20.7 por ciento de mujeres privadas de la libertad con antecedentes penales fue señalada por posesión de droga y 10.3 por ciento por comercio ilegal de drogas.

El 64.4 por ciento de mujeres privadas de la libertad mencionó  haber sufrido algún acto de violencia por parte de la autoridad o policía, después de la detención y previo a su presentación ante el Ministerio Público, refiriendo en 29.8 por ciento de los casos golpes, 15.5 por ciento agresión sexual y 15.3 por ciento asfixia o ahorcamiento.

En Puebla el 20.8 por ciento de la población recluida afirma que recibieron presiones y amenazas para declararse culpable, mientras que 74.7 por ciento refiere una demora más de un año para que se le dictara sentencia.

En torno a pagos, el 37.3 por ciento de mujeres tuvo que hacerlo por aparatos eléctricos y 32.8 por ciento por recibir medicinas.