La bancada de Morena es un símil a la del PRI hace 40 años, donde la coalición Morena-PVEM-PT se queda con 72.8% de la Cámara de Diputados y 64.8% del Senado, apuntaron analistas de Banamex.

Esta mayoría da viabilidad a la agenda de reformas constitucionales que el presidente López Obrador promueve intensamente en sus últimos días en el cargo.

La coalición de Morena no necesitará negociar nada con la oposición y para modificar leyes secundarias, Morena ni siquiera requerirá el apoyo de sus aliados pues, en ambas cámaras, este partido por sí mismo controlará la mayoría absoluta (50% más al menos, uno más).

El área de estudios económicos de Banamex agregó que la coalición de Morena tiene 85 senadores (66.4% de esta cámara), es decir, le falta uno más para alcanzar la mayoría calificada.

Recordó que las mayorías requeridas para autorizar cambios a leyes (absoluta para secundarias y calificada de 2/3 partes para constitucionales) no se refieren a la integración legal de las cámaras (500 diputados y 128 senadores) sino a la cantidad de legisladores presentes en una votación el día que ésta ocurre.

Ello y que la tasa de asistencia legislativa muy pocas veces es total, anticipa que no será difícil para Morena articular votos calificados también en el Senado.

Repasó que entre 1930 y 1985, el PRI tuvo mayorías superiores a 70% de la Cámara de Diputados y no fue sino hasta 1988 que por primera vez, el partido que había sido hegemónico en el sistema político mexicano perdió la mayoría calificada y desde entonces, ningún otro partido o coalición había vuelto a tenerla. La elección de 2024 ha reconfigurado la escena de hegemonía de hace 40 años.

Apuntó que las reformas del paquete obradorista que implican cambios trascendentales al entorno jurídico e institucional del país son la judicial, la que desaparece contrapesos, la que militariza la seguridad pública y la electoral.

Las primeras tres podrían quedar autorizadas antes del cierre de este año, estimó.

Añadió que la decisión de Sheinbaum de desechar la electoral es la única concesión que la presidenta electa hace a la alerta generalizada de numerosos actores (academia pública y privada, empresariado, organismos internacionales, sector financiero y los gobiernos de los dos socios comerciales de México en el T-MEC) respecto al carácter regresivo de esa agenda de reformas.