Legisladores de Estados Unidos pidieron a la representante comercial de ese país, Katerine Tai, acciones con el fin de asegurar que las reformas constitucionales que se desarrollan en México no violenten el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá.

La exhortaron a comprometerse  para asegurar que cualquier reforma promulgada no entre en conflicto con las obligaciones del T-MEC, tanto con los ejecutivos en funciones y entrante, como con el Legislativo Federal.

Señalaron parece probable que muchas de las reformas propuestas "comprometan el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial”.

También externan su preocupación por los esfuerzos del gobierno mexicano por prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, restringir la exploración de litio, restringir las operaciones y permisos de electricidad, restringir las importaciones de maíz genéticamente modificado o abolir organismos reguladores independientes, entre otros temas.

“Tales políticas socavarían la competitividad de América del Norte y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes", concluyeron.

En ese contexto enviaron una serie de preguntas en torno a los efectos para los inversionistas estadounidenses, la posición gubernamental en temas como energía, minas, maíz genéticamente modificado, así como estrategias a largo plazo para proteger el acceso a mercados por la industria de su país.