Ante la firma del decreto que modifica la Reforma Energética de 2013, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó generar condiciones para que la industria sea sostenible -en especial en términos ambientales-, competitiva y opere con transparencia, además de permitir una participación equitativa en el mercado, incluidas pequeñas y medianas empresas.
Consideró que la propuesta de otorgar un rol predominante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera dudas sobre la imparcialidad y viabilidad del despacho eléctrico, al argumentar que la ausencia de un operador del sistema independiente, como el CENACE, representa un riesgo significativo, en perjuicio no solo de la seguridad de la red, sino también la confianza de los inversionistas, quienes requieren reglas claras para operar y expandir la infraestructura energética en el país.
Planteó que hay ambigüedades en torno a los porcentajes de inversión públicas y privadas, aunado al riesgo de que se desplace a fuentes de energía limpias y sustentables, como la solar y eólica, en favor de opciones de mayor impacto ambiental.
Esta situación pone en riesgo los avances hacia una transición energética limpia que debería guiar el desarrollo del sector eléctrico, añadió en un comunicado.
Además, sostuvo, la redacción actual de la ley también plantea desafíos para el financiamiento de nuevas inversiones. Esta falta de certidumbre desalienta a los inversionistas nacionales e internacionales y afecta principalmente a las PyMes, quienes no cuentan con las mismas facilidades de acceso a crédito y financiamiento en un ambiente de riesgo elevado.
Esto encarece el costo de desarrollo e impide que nuevas fuentes de generación eléctrica se sumen al mercado, alertó.
Además, la posibilidad de que la CFE y PEMEX concentren una parte significativa del mercado energético amenaza con limitar la competencia y frenar el avance hacia un modelo energético democratizado y descentralizado, que permita a los consumidores generar su propia energía y reducir costos.
Concluyó que la rectoría del Estado en el sector energético debe enfocarse en fomentar condiciones de equidad, inclusión y sustentabilidad, con reglas claras que promuevan la transición hacia energías limpias, la competencia justa entre todos los actores y la seguridad energética.
