La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que México está en una crisis constitucional, desde el momento que un Poder no acata lo que otro mandata y se pronunció por preservar la independencia del Poder Judicial para salvaguardar los derechos ciudadanos, al convocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a frenar la reforma a dicho Poder, pues el Estado de Derecho no puede ponerse en riesgo, reiteró.

Este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que plantea la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, al considerar que “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.

Ello aunado a que se carece de certeza jurídica y claridad con respecto a los espacios y contenidos que podrían ser utilizados como promesas de campañas, no hay seguridad “para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”.

En ese contexto, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, reiteró el riesgo de la seguridad jurídica de todos, con afectaciones a la inversión derivada del nearshoring, que representa la reforma al Poder Judicial promovida desde el Ejecutivo y el Legislativo, al recalcar que la justicia no puede depender de la política.

Abundó que si la SCJN emite una sentencia en contra parcial o total respecto a la reforma votada por el Poder Legislativo y no es acatada por este y el Ejecutivo ser está llegando a una crisis constitucional.

Repasó que la inversión extranjera directa ha tenido una baja en cuanto a nuevas inversiones, con sólo 4 por ciento del total, derivado de escenarios de la falta de certeza jurídica, energías limpias y seguridad.

La reforma judicial es contraria a una serie de tratados internacionales, ignora las necesidades de los Poderes Judiciales estatales, que deriva en procesos largos y desalentadores, aunado a que rompe la esencia de la democracia.

Sin Poder Judicial autónomo la balanza se inclina en contra de la ciudadanía, se compromete la imparcialidad de jueces y magistrados, poniendo en riesgo su independencia, observó el Sindicato Patronal.

Asimismo la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, a través de José Pablo Ramos Castillo,señaló que ya hay una crisis constitucional desde el momento que no se acatan fallos del Poder Judicial y se rompe el sistema de pesos y contrapesos.

Declaró que la controversia se centra entre otros aspectos en el Comité de Evaluación de quienes determinarán los jueces que llegarán ser votados, pues los postulados por el Ejecutivo y el Legislativo son afines al régimen.

Explicó que la Amicus Curiae interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reafirma la misión de proteger los principios fundamentales de la Constitución y el estado de derecho en México.

Este documento jurídico, dirigido a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro instructor de la controversia constitucional 286/2024 y de las acciones de inconstitucionalidad y consultas relacionadas, expone los riesgos que plantea la reciente reforma al Poder Judicial Federal publicada en septiembre de 2024.

El Amicus Curiae refiere que México está comprometido con tratados internacionales, como el T-MEC, los cuales exigen un sistema judicial autónomo para garantizar una resolución justa e imparcial en conflictos comerciales y la protección de los derechos humanos.

De persistir la politización del Poder Judicial, el país podría enfrentarse a sanciones comerciales, afectando su competitividad y su posición como un destino confiable para el comercio global.