Al advertir que alrededor del 56 por ciento de sus socios ha sufrido problemas para realizar trámites, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en la necesidad de fortalecer la mejora regulatoria y simplificación y digitalización de trámites.

Ello como una medida clave para agilizar la atención ciudadana, reducir costos para las empresas y combatir la corrupción. Reconocemos, además, el interés del Gobierno Federal en impulsar estas acciones prioritarias.

El Sindicato Patronal celebró las propuestas del Gobierno Federal encaminadas a la atención de casos concretos como son el proceso de apertura de negocios, la simplificación de trámites aduanales y fiscales, entre otros.

Consideró que un esfuerzo coordinado enfocado a reducir trámites, requisitos y tiempos de respuesta, pueden generar ahorros y mejoras para la población y las empresas.

También valoró la intención de asegurar que la información y los medios de presentación de trámites estén siempre disponibles y sean de fácil acceso, minimizando así la discrecionalidad en la actuación de las autoridades.

Sin embargo, aseveró que para lograrlo resulta esencial que se asegure la armonización en los tres niveles de gobierno con el propósito de evitar duplicidad de requisitos, plazos incompatibles o cualquier otro elemento que suponga ausencia de coordinación e incertidumbre para los solicitantes.

En torno a la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que esta nueva instancia desempeñaría un papel crucial en la política de mejora regulatoria vigente, ya que estaría facultada para presidir el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y proponer al titular del órgano encargado de dicha política, asumiendo de facto un rol preponderante en su aplicación.

En línea con lo anterior, advirtió la intención de emitir una Ley General de Simplificación y Digitalización (LGSD) que reemplazaría a la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) vigente desde 2018

Expuso su preocupación de que esta nueva ley suprima aspectos fundamentales de la política de mejora regulatoria actual, como la publicación de la Agenda Regulatoria, el Análisis de Impacto Regulatorio, la Consulta Pública y los Programas de Simplificación.

Estos mecanismos, señaló, son indispensables para una mejora regulatoria efectiva, ya que permiten una supervisión sistemática de los avances de las autoridades.

Observó que no debe perderse de vista que varios de los elementos que contempla la LGMR son parte de los compromisos que México asumió en el T-MEC, por lo que su eliminación o modificación podría afectar acuerdos vigentes con nuestros socios comerciales y generar roces a futuro en la renegociación del tratado. Esto resulta aún más relevante ante los próximos cambios de gobierno en Estados Unidos y Canadá.

Recordó que México enfrenta grandes desafíos en materia de mejora regulatoria.

Según el estudio B-Ready del Banco Mundial, nuestro país ocupa el lugar 16 de 50, con una buena calificación en la calidad normativa (puesto 9), pero con una muy baja puntuación en la facilidad de cumplimiento (puesto 30).

Además, datos del INEGI muestran que el 28.2% de las empresas consideran el marco regulatorio como un obstáculo para el logro de sus objetivos, mientras que el 46% percibe que existe un aumento sistemático en las cargas administrativas que se les aplican, y 83.1 por ciento de la población considera frecuentes los actos de corrupción.

Concluyó que la posible omisión de elementos esenciales de la política de mejora regulatoria que podría afectar de manera importante la competitividad del país.