El reporte Integralia sobre diez riesgos políticos para 2025 advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum goza de alta aprobación y existe elevado optimismo entre las y los mexicanos sobre el rumbo del país, ante lo cual, el gobierno privilegiará políticas que sustenten su popularidad en detrimento de proyectos y políticas que potencien el crecimiento económico y el desarrollo social hacia el futuro.
La empresa de Consultoría también fija semáforos rojos en temas como concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Estimó también en los escenarios una baja de la calificación crediticia de México, aumento en presiones en contra de empresas concesionarias de agua, caída en producción de Pemex, comprometiendo los ingresos petroleros y debilitando a la industria nacional, suministro eléctrico insuficiente y apagones, así como la inversión de Infonavit de los recursos de personas trabajadoras en proyectos poco rentables.
Añade que "la reforma al Infonavit para construir vivienda y arrendarla con opción de compra, pone en riesgo el valor real de los ahorros de millones de trabajadores que cuentan con recursos en ese fondo. La poca rentabilidad de la construcción de 500 mil viviendas entre 2024 y 2030, destinadas a arrendamiento social, impactará los ingresos y gastos del Instituto, lo cual podría castigar los rendimientos que se pagan de manera anual a todos los ahorradores".
Explica que la importancia de estos ahorros es que, en caso de no utilizarlos para un crédito de vivienda con el Infonavit, sirven para complementar los ahorros destinados
para el retiro y alcanzar pagos vitalicios más altos.
En ese contexto, si el Infonavit paga rendimientos anuales por debajo de la inflación, estos ahorros perderán valor en el tiempo, afectando a todas aquellas personas trabajadoras que utilizarían esos recursos para fortalecer su retiro.
Para Integralia, los diez riesgos políticos para 2025 son:
- Se producen incertidumbre económica, disrupciones comerciales, tensiones diplomáticas y una intensificación de la crisis migratoria como resultado inmediato del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
- Se profundiza un entorno de concentración de poder que afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios dada la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición.
- Se debilita el espíritu de integración económica de América del Norte y se pone en duda la continuidad de la estructura actual del T-MEC.
- Se detona un proceso gradual de indefensión jurídica para las empresas a causa de una desaseada implementación de la reforma judicial, así como por una gradual pero creciente parcialidad e incapacidad de las autoridades jurisdiccionales para resolver disputas de todo tipo.
- Se mantiene clima de incertidumbre por la aprobación de nuevas reformas de la agenda de Claudia Sheinbaum que toman poco en cuenta la opinión del sector empresarial y de otros actores afectados, y donde predominan los criterios políticos por encima de los técnicos o económicos, en temas laborales, medioambientales, administrativos, entre otros.
- Se proponen reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, y que acotan la representación de los partidos de oposición.
- Se ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y de telecomunicaciones, entre otros, como resultado de la incertidumbre generada por las reformas constitucionales aprobadas (principalmente áreas y empresas estratégicas, judicial, y desaparición de órganos autónomos) y el impasse por la ejecución de sus leyes secundarias correspondientes.
- Aumentan enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado y la implementación de una estrategia de captura de liderazgos, lo cual dificulta el traslado de bienes por carreteras y la operación de MiPyMes en algunas regiones del país con alta presencia criminal.
- El gobierno propone una (mala) reforma fiscal para aumentar la recaudación (ya sea de forma integral o por medio de ajustes sectoriales), como resultado de finanzas públicas limitadas y la necesidad de seguir financiando los proyectos y programas prioritarios del gobierno.
- Se degrada aún más la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales (i.e. infraestructura y servicios básicos), como resultado de la corrupción, la escasez de recursos públicos, la falta de personal calificado y una creciente centralización del poder que los desincentiva de asumir esa responsabilidad.
