El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó su estudio diagnóstico y evaluación integral del Derecho a la Educación 2023-2024, del cual se identifican 8 retos que incluyen desde la falta de disponibilidad de servicios educativos para ciertos grupos de la población y las carencias de infraestructura, hasta los bajos niveles de aprendizaje.
Las niñas y niños menores de 5 años y las personas con discapacidad son los que menos asisten a la escuela, con una tasa de asistencia de 4.8% en 2021-2022 en educación inicial y el 23.9% no fueron inscritos en preescolar en 2022. En ese mismo año, había 1.1 millones de personas con discapacidad, aunque la educación especial pública atendió alrededor de 600 mil estudiantes, de los cuales no necesariamente todos presentaban una discapacidad.
En el ciclo escolar 2022-2023, más de la mitad de las escuelas primarias y secundarias comunitarias carecían de agua potable o lavamanos y una de cada tres carecía de electricidad. Por otro lado, el 14.8% de las escuelas indígenas y 6% de las tele secundarias también carecían de electricidad.
México tiene un problema de bajos resultados educativos que se observan en las distintas pruebas de aprendizaje. Por ejemplo, en la prueba PISA 2022, los estudiantes de 15 años obtuvieron 395 aciertos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, cifras por debajo de los promedios obtenidos por el conjunto de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (472, 476 y 485, respectivamente), de la cual México forma parte.
Las recomendaciones para avanzar en la garantía del derecho a la educación incluyen realizar un diagnóstico exhaustivo sobre el comportamiento de los principales elementos que influyen en los resultados educativos e implementar un plan integral para la mejora de los aprendizajes. También se recomiendan acciones para fortalecer y apoyar el trabajo docente en las escuelas con peores resultados, así como dotarlas de recursos adicionales que apoyen el aprendizaje.
Otras recomendaciones relevantes son expandir y homologar la oferta de educación inicial mediante un Marco Curricular Común y el fortalecimiento de los programas “Expansión de la Educación Inicial” y “Educación Inicial y Básica Comunitaria”, entre otras acciones, así como fortalecer la política de becas con acciones complementarias para la alimentación en educación básica y transporte o alojamiento en educación media superior.