Tras respaldar la creación de la Ley General contra la Extorsión que unifica criterios, eleva sanciones y fortalece la coordinación nacional, y reconocer que representa un avance para promover estabilidad social, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), insistió en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar la expansión de este delito.
A través de un comunicado, el organismo manifestó que la nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país.
Recordó que, sin considerar la cifra negra de aproximadamente 97% de denuncias que no se presentan; los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.
Advirtió que el impacto es mucho mayor, una vez que estas cifras corresponden únicamente a los reportes de las víctimas en general.
A través de la herramienta DataCOPARMEX, confirman que el 12.8% de sus socios han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%).
Coparmex considera que, para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables:
- Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
- Capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
- Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.
La minuta incorpora progresos relevantes como el incremento de penalidades, donde las sanciones generales oscilan entre 15 y 20 años de prisión y pueden llegar hasta 30 años en casos agravados.
Aplaudieron la incorporación de mecanismos de protección reforzada para víctimas, como el resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnológicas que garanticen el anonimato, así como la inclusión de una perspectiva de género en la atención.
El organismo advirtió que es necesario instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles, para cortar de raíz una fuente persistente de intimidación y daño económico.
Esta manera, la Coparmex reafirmó su disposición para colaborar con el Poder Legislativo, autoridades de seguridad y gobiernos estatales y municipales en una reglamentación clara que brinde certeza a las víctimas y asegure definiciones precisas que protejan plenamente los derechos humanos y eviten interpretaciones discrecionales.
