En las últimas décadas, México no mejora en su integridad electoral y está reprobado, no obstante que ha creado reformas que intentan cubrir los cuatro rubros más importantes para enfrentar los problemas asociados al uso de dinero en la política y en las campañas electorales: financiamiento público, límites a donaciones, límites a gastos de campaña y reportes financieros de los partidos políticos.
México tiene una calificación “reprobatoria” en el Índice de integridad de las elecciones según arrojan los resultados del Proyecto de Integridad Electoral (EIP) encabezado por Pippa Norris, profesora de las universidades de Harvard y de Sydney, y desarrollado en el país por los investigadores Irma Méndez y Nicolás Loza de la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Estos resultados de investigación se presentaron en el seminario “Financiamiento de campañas y resultados electorales: desafíos actuales a la integridad electoral nacional y sub nacional en países federales”, en el contexto del V Congreso Internacional de Ciencia Política convocado por la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP) cuyos miembros participan activamente en el Seminario.
México no ha logrado frenar los principales problemas que atañen a la calidad de sus elecciones: “opacidad en las cuentas financieras de los partidos en los gastos de campaña, rebase en topes de campaña, uso de recursos ilícitos, uso de programas sociales con fines electorales, compra de votos y donaciones no reportadas”, explicó Irma Méndez.
Señaló que el país tampoco ha logrado erradicar “la aplicación selectiva de la ley, las sanciones bajas asociadas a la violación de la ley, y la carencia de un diseño funcional y una aplicación efectiva de las normas electorales”.
Méndez explicó que además de estos problemas resulta muy difícil controlar los topes para los gastos de campaña porque los costos están en función del mercado. “Los topes bajos incentivan ocultar el gasto, los topes altos posibilitan que llegue dinero sucio a las campañas, que incluso se lava en ellas y entonces sí aplica lo de dinero del narco”, afirmó la investigadora de la Flacso México.
“La capacidad de las normas para disuadir a los actores de violar la ley depende además de la fortaleza del estado de derecho, la efectividad de los órganos electorales y de las sanciones sociales ante las malas prácticas” dijo la experta. Al finalizar, la politóloga planteó que es necesario avanzar en la evaluación de la efectividad de las normas, en la valoración de resultados e impacto de reglas como los topes de campaña, la nulidad de las elecciones, para incorporar a la ley normas más efectivas.
Por su parte, Álvaro Rodríguez de la Vega representante de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) dijo que en 2018 habrá un cúmulo electoral que la fiscalía tratará de solventar en un nuevo contexto también judicial. “Nos tocará trabajar en dos vertientes en el sistema de justicia tradicional y otro con el nuevo sistema de justicia penal para darle solidez al sistema electoral mexicano”.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Mondragón destacó la importancia de realizar seminarios como este para visualizar los resultados de estudios tan trascendentales para las buenas prácticas y que incorporan la parte económica y de financiamiento.
“El dinero habla en la política como habla en los mercados. Si no se corresponde con los valores democráticos, el poder se va a a acumular en muy pocas manos y dejará de lado a quienes necesiten distribución del poder y mayor representación”, agregó.
