El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados 87 contribuyentes (físicos y morales) que están dentro de los "Paradise Papers", de los cuales ninguno, hasta el momento, se ha acercado a las autoridades fiscales para aclarar su situación.

Osvaldo Santín Quiroz, jefe del organismo, dijo que el SAT pondrá bajo la lupa a las empresas y personas físicas que estén relacionados con la publicación

“Como se hizo en el pasado (Panama Papers), el SAT revisará y verificará si la información que arrojaron sobre personas y empresas con jurisdicciones con regiones fiscales favorables es consistente con lo que presentaron al SAT”.

Tras asistir a la presentación de la plataforma Contrataciones Abiertas, el funcionario aclaró que el tener recursos en el extranjero o utilizar estructuras off-shore no es necesariamente una ilegalidad, pues lo que sería ilegal es que no sean reportadas o que el ingreso que está depositado en estas jurisdicciones no se hayan pagado los impuestos correspondientes.

De acuerdo con El Economista, Santín Quiroz indicó que en caso de que se comprobara que sí existió evasión de impuestos, el SAT iniciaría acciones de fiscalización, que pueden ser desde una carta de invitación para que el contribuyente aclare sus diferencias y sí es más profunda la discrepancia se iniciaría una auditoria.

Una vez que se tenga certeza de la omisión lo que se hace es determinar un crédito que implica el cobro de actualización de recargos y multas, el cual deberá pagar el contribuyente, expuso.

El funcionario se reservó dar una fecha de cuándo se podría dar información sobre esta supervisión y verificación de los contribuyentes señalados. “Vamos a dar un reporte al que se le dará seguimiento y lo haremos público como se considere en su momento”.

No obstante, expuso que el SAT cuenta con programas agresivos para combatir las llamadas “empresas fantasmas”, que son aquellas entidades que reportan ingresos y no cumplen con sus obligaciones fiscales correspondientes y que permiten que otras empresas erosiones su base fiscal llevando a cabo actos de defraudación.

“Por estas empresas se ha tenido una recaudación superior a los 8 mil millones de pesos, ello se debe a la publicación de las empresas fantasmas y de las cartas de invitación para aclaras su situación y de las auditorías para combatir este tipo de esquemas”.