El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estimó que factores como empleo formal, talento humano vinculado a carreras técnicas, calidad de vivienda, movilidad de las ciudades a través de transporte público, energía eléctrica asequible, recursos hídricos y calidad regulatoria, son factores determinantes para la relocalización de empresas o nearshoring, donde Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila gozan de las condiciones más propicias, en contraste con Guerrero, Oaxaca y Veracruz con las más desfavorables.

En su estudio Nearshoring: oportunidad que desafía a las entidades mexicanas, el IMCO refiere que en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Puebla por ejemplo, entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores tuvieron un empleo informal y el ingreso promedio por trabajo osciló entre 5 mil 700 y 6 mil 950 pesos al mes.

En cambio, ciertas entidades del centro y norte del país como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa son más atractivas
para el talento y la inversión por contar con mejores condiciones laborales, pues solo entre 3 y 4 de cada 10 empleos son informales y el ingreso promedio supera los 10 mil pesos mensuales.

El IMCO observa que la informalidad está relacionada con menores oportunidades de capacitación y crecimiento profesional, por lo que conduce a un menor nivel de productividad y, por ende, a menores ingresos.

Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa son las entidades más atractivas para la IED en busca de talento humano, pues más de una tercera parte de la PEA en estos lugares tiene educación superior.

Otras entidades que destacan son Coahuila, Colima, Baja California Sur, Aguascalientes, Sonora, Baja California y Tamaulipas, con 30% o más de la PEA que se puede considerar calificada.

Por ejemplo, en el caso de Puebla, tiene el mayor número de instituciones de educación superior tras Ciudad de México, pero es mínimo el porcentaje que oferta carreras técnicas.

Asimismo, en la zona centro, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla presentan las mayores proporciones de viviendas con carencia de servicios básicos. En estas entidades, entre 4% y 7% de las viviendas particulares habitadas carecen de agua entubada, entre 0.6% y 1.4% carecen de electricidad, mientras que más del 4% carece de drenaje.

En contraste, las entidades del norte del país también presentan menores carencias de disponibilidad de agua entubada, energía eléctrica y drenaje en las viviendas particulares. Destacan los casos de Nuevo León y Coahuila, con las menores proporciones de viviendas particulares que carecen de servicios básicos, donde solo el 1% o menos de las viviendas no dispone de agua entubada, a menos del 1% le hace falta energía eléctrica y a menos del 2% drenaje.

En movilidad, las entidades con mayor disponibilidad de unidades de transporte público son Quintana Roo y Ciudad de México, con alrededor de 5 mil vehículos por cada millón de habitantes. Le siguen Baja California Sur, Aguascalientes y Jalisco, con más de 2 mil vehículos por cada millón de habitantes.

Por el contrario, en Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas y Sonora hay menor disponibilidad de este tipo de infraestructura, con menos de 500 vehículos por cada millón de habitantes.

La baja disponibilidad de transporte público incluso en ciudades grandes refleja la prioridad que se ha dado a los vehículos privados sobre cualquier otro medio de
transporte, además de la marcada tendencia de los gobiernos a dirigir la inversión hacia la infraestructura para el automóvil.

Sin embargo, la falta de infraestructura de transporte público genera costos en tiempo y dinero, tanto para las empresas como los trabajadores y la población en general, puede repercutir en la calidad del aire y dificulta la transición hacia una economía menos intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero, además de representar
un obstáculo para atraer y retener talento e inversión hacia las ciudades.

Por otra parte los estados de Quintana Roo (53.4%), Veracruz (18.2%) y Puebla (18%) son los que mayor porcentaje de agua destinan a las industrias.

En torno a calidad regulatoria, Michoacán es la entidad donde las empresas privadas están más descontentas respecto al marco regulatorio; 8 de cada 10 empresas consideran que el realizar trámites, es decir, atender normas, obtener licencias y permisos, o recibir inspecciones gubernamentales en la entidad representa un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocio.

Además de la regulación a nivel federal, el marco regulatorio a nivel estatal también influye en el ambiente de negocios en una determinada ciudad. Un indicador útil para conocer el “clima” de negocios en las entidades es la percepción de las empresas del sector privado respecto al marco regulatorio, si es que les facilita o no la realización de sus negocios.

Otras entidades con ambientes menos propicios para la inversión son Jalisco, Puebla, Veracruz y Coahuila, pues entre 40% y 65% de las empresas privadas perciben el marco regulatorio como un obstáculo para cumplir los objetivos de su negocio.

En los casos de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Chiapas y Sonora, en cambio, no parece haber un problema de este tipo, pues menos del 5% de las empresas privadas se muestran inconformes con el marco regulatorio local.