El 44.5% de los hogares sin vivienda propia se concentra en cinco entidades federativas, y el déficit se agrava en estados como Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur y la Ciudad de México.

En 2022, los gastos de alquiler representaron el 4.9% de los ingresos de un hogar promedio, con una variación de hasta 8.6 puntos porcentuales entre los hogares más ricos y los más pobres, siendo los del primer decil los que más alquilan.

Finalmente, respecto a la certeza jurídica, a nivel nacional se cuenta con 6.5 millones de viviendas propias sin escritura.

Incluso, el 40.6% de las viviendas propias en áreas rurales y el 22.6% en zonas urbanas no cuentan con esta documentación, afectando especialmente a las mujeres, quienes tienen menores tasas de tenencia de propiedad.

Según el Coneval, en 2022 solo 19 millones de personas mayores de 18 años eran propietarias de su vivienda, de las cuales solo el 41.7% eran mujeres, y para las mujeres adultas mayores, solo el 35.9% eran propietarias.

Esta incertidumbre jurídica vulnera la propiedad y la seguridad jurídica de las familias sobre su patrimonio, limitando su acceso a servicios públicos, el mercado de crédito y al desarrollo con bienestar.

Desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, “es necesario garantizar el derecho a la vivienda adecuada y sustentable para mejorar la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad territorial y a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.