La iniciativa de reforma al sector eléctrico regresará a México por lo menos cuatro décadas atrás en la generación de energía eléctrica, con los consiguientes costos económico-sociales en el interior de un país que venía solidificando también su gestión frente al medio ambiente.
Así lo destacó la International Chamber of Commerce México (ICC México) al señalar que tampoco es una contra reforma a la reforma energética de 2013, ni a la de 1992, sino que regresará a México por lo menos cuatro décadas atrás en la generación de energía eléctrica, con los consiguientes costos económico-sociales en el interior de un país que venía solidificando también su gestión frente al medio ambiente.
"Lo que vemos los integrantes de la ICC México es la sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente como sería el fracking para resolver la demanda de petróleo, porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años".
Destaca que la iniciativa provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México, así como el aislamiento del país del resto de la economía mundial, "al atentar contra el Estado de Derecho al violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos, además de una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un medio ambiente sano".
Agrega que, en el plano internacional, la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales.
"Es una reforma que busca restringir a los sectores afectados la posibilidad de recurrir con medios legales de defensa domésticos, al proponer plasmar esta transformación en el texto constitucional, lo cual generará confrontación entre derechos y principios constitucionales. No obstante, se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma, por la clara antinomia e incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales", destacó el ICC.
