En Puebla el 91.5 por ciento de las unidades económicas tienen una percepción de la seguridad pública negativa, nivel incluso superior a estados como Veracruz, Guerrero, Tamaulipas o Estado de México, de acuerdo a la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI.

De hecho, un costo de ocho mil 940.5 millones de pesos representó para las unidades económicas de Puebla el gasto en medidas de protección y pérdidas derivadas de delitos, de acuerdo al estudio del INEGI.

El costo promedio de los delitos sufridos por empresas en Puebla rebasó los 83 mil 335 pesos por empresa, siendo 107 mil 285 unidades económicas en el estado las que sufrieron algún tipo de afectación.

La cifra de costo promedio del delito correspondiente a unidades económicas de Puebla es la cuarta más alta a nivel nacional, solamente superada por Coahuila (129 mil pesos), Ciudad de México (124 mil 923 pesos) y Chihuahua (93 mil 21 pesos).

En contraste, la media nacional fue de 66 mil 31 pesos, conforme el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La edición 2018 de la ENVE refiere que de acuerdo a la percepción de las unidades económicas en torno a la inseguridad, Puebla creció de 72.1 a 91.5 puntos porcentuales, nivel superior a la media nacional del 78.9 por ciento.

Con ello Puebla es la cuarta entidad del país con mayor percepción de inseguridad pública por parte de sus unidades económicas, solamente superada por Tabasco (94.3%), Guanajuato (93.3%) y Estado de México con 92.2 por ciento.

En torno a las medidas de protección más usadas por las empresas o comercios fueron la colocación o cambio de cerraduras y/o candados con 32%; instalar alarmas o cámaras de vigilancia, 15%, y cambiar puertas o ventanas en 11por ciento de las menciones.

El resto optó por colocar rejas o bardas en su negocio, contratar seguridad privada, seguros e instalar dispositivos de

De las 107 mil 285 empresas que sufrieron afectaciones, el 28 por ciento tuvo que reducir horarios de producción o comercialización de sus bienes o servicios, mientras que 23 por ciento dejó de manejar dinero en efectivo o redujo su uso al mínimo.

Otra de las medidas relevantes fue que 17 por ciento optó por cancelar planes de inversión para el establecimiento, dejaron de comercializar o hacer negocios con otras empresas, suspendieron rutas de distribución o venta de sus productos, además de que los dueños dejaron de ir al establecimiento.