México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) peor calificados en el combate al cohecho internacional, documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al referir que desde 1999 no impone sanción alguna en torno a ese delito.

Ese año, México adquirió compromisos internacionales enfocados en investigar y sancionar el cohecho internacional; sin embargo, no ha impuesto una sola sanción por este delito.

El cohecho internacional ocurre cuando una persona o empresa soborna a un funcionario público de otro país para conseguir una ventaja ilícita al momento de realizar negocios en el extranjero, como se ha planteado en casos como Odebrecht y OHL.

Este tipo de soborno puede ocurrir en:

• La obtención de contratos públicos mediante concursos internacionales.
• La entrega de permisos de operación de una empresa.
• La importación y exportación de productos que requieran pasar por aduanas.

El número de investigaciones iniciadas por México es considerablemente bajo al compararlo con otros países y socios comerciales, observó el IMCO.

A pesar de que la persecución del cohecho internacional también es parte de los tratados comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los esfuerzos realizados por nuestro país para investigar y aplicar sanciones no están a la par de sus socios comerciales, aseveró.

Así mientras que Estados Unidos inició 96 investigaciones y concluyó o sancionó 130 casos entre 2016 y 2019, México únicamente ha iniciado tres y no ha sancionado ningún caso.

Si bien, nuestra nación inició una investigación adicional a Canadá en los últimos años, este último fue capaz de sancionar cuatro casos de cohecho, por lo que México tiene un peor grado de cumplimiento.

Investigar y sancionar el cohecho internacional es una medida para garantizar que las empresas que realicen negocios a través de estos tratados comerciales lo hagan de una manera íntegra que beneficie al comercio y a la economía de todos los países involucrados.

Al no perseguir de manera efectiva este delito, México está incumpliendo compromisos comerciales importantes y convenios internacionales, lo cual tiene un impacto negativo en la economía, el comercio, la competitividad y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

En ese contexto, el IMCO propuso que con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la detección, investigación y sanción del cohecho internacional se reconozca la erradicación de esos actos de corrupción como una prioridad del Gobierno de México, pues, actualmente, no hay una sola mención en la Política Nacional Anticorrupción.

La detección y sanción de esta conducta requiere de la coordinación y cooperación entre distintas dependencias que solo será posible si se prioriza la erradicación de esta conducta, añadió.

También planteó transparentar y mantener actualizada la información de investigaciones abiertas y sanciones aplicadas; crear plataformas accesibles que publiquen información oportuna que incluya por lo menos, datos respecto a las investigaciones iniciadas, investigaciones en curso, sanciones aplicadas, y motivos por los cuales se determinó no aplicar una sanción.

Además, fomentar la auto-denuncia de las empresas mediante el otorgamiento de beneficios que incentiven la cooperación con las autoridades. México debe implementar políticas similares a las de otros países donde se reduzcan de manera considerable las penas a las empresas que denuncien sus propios actos y que cooperen en el transcurso de las investigaciones, con el fin de aumentar el número de casos detectados, corregir el daño realizado y prevenir futuros actos indebidos.

Por último, habilitar la denuncia por casos de cohecho internacional en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues, la plataforma no admite denuncias sobre actos de cohecho internacional.