El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la argumentación en su demanda por 10 mil millones de dólares contra las empresas manufactureras de armas por prácticas comerciales negligentes y descuidadas que han derivado en daños a la población mexicana.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en Boston cuestionó si un juez de primera instancia concluyó erróneamente que una ley estadounidense impedía a México demandar a Smith & Wesson Brands , Sturm, Ruger & Co y otros.

"Lo que queremos es una orden judicial para que estos demandados empiecen a prestar atención a sus sistemas de distribución", dijo Steve Shadowen, abogado de México. "Y sólo los tribunales estadounidenses pueden proporcionar esa medida cautelar".

El Gobierno de México busca revertir la decisión del 30 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Corte de Distrito de Massachusetts desechó la demanda.

Entonces, México buscó responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar a cárteles de la droga el tráfico de armas a través de la frontera Norte.

Sin embargo, el 30 de septiembre de 2022, el juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, dijo que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones.

En esa ocasión, el juez federal determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a las empresas demandadas, incluso si el daño causado ocurre en territorio mexicano. A pesar de ello, el juez encargado del caso expresó que “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”.

De la misma manera, el juez reconoció que la demanda argumentó de manera exitosa que las prácticas de las empresas demandadas son una causa indirecta de la violencia armada que se vive en México.

La estrategia de México no se detuvo y se apeló la decisión de la Corte de primera instancia.

Así en marzo de 2023, se presentó el escrito de apelación en el que se argumentó que la Corte de primera instancia erró al dar una lectura amplia y absoluta de la PLCAA y así otorgar inmunidad a las empresas de armas. Durante la audiencia oral, México destacó los siguientes puntos:

La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadounidense, por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños ocasionados en México.

Alternativamente, aun en caso de que se insista en que la PLCAA es aplicable, las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley, por lo que el caso de México debe seguir su curso.

El panel de jueces que escucharon los argumentos de México estuvo conformado por dos jueces y una jueza de corte liberal y progresista.

El Gobierno de México a través de un comunicado de la Cancillería señaló que confía en la buena recepción de sus argumentos por parte de la Corte. En caso de que la sentencia de apelación favorezca a México, el caso regresaría a la Corte de primera instancia para continuar el análisis del fondo.

Cabe mencionar que la demanda ha recibido apoyo de numerosos actores, tales como fiscales estadounidenses, víctimas, activistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y Estados.

De igual manera, la estrategia contra el tráfico de armas ha incluido acciones como la solicitud de opinión consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad que tienen las empresas de armas por la vulneración de derechos humanos.