Desde 1997 a 2022, se concluyeron 23 demandas de inversionistas contra México, en donde el país tuvo que pagar más de 260 millones de dólares como indemnización, aunado a que la Secretaría de Economía de México reportó 13 casos activos desde 2015 a julio de 2023, en los cuales se reclaman más de 8 mil 594 millones de dólares de indemnización, sin considerar aquellos casos en los que no se revela dicha información.

Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Banco Mundial, de enero a julio de 2023 se iniciaron nueve arbitrajes de inversión bajo el TMEC contra México, presumiblemente derivados de políticas de la presente administración, cuyo monto reclamado como indemnización se desconoce.

En ese contexto, la analista de BBVA Rsearch, Crista Pérez, señaló que el aumento exponencial de reclamaciones pondrá a prueba la capacidad de respuesta del gobierno mexicano para atender las preocupaciones de los inversionistas y evitar que escalen a una demanda internacional; además, se tendrán que destinar más recursos para su defensa.

Asimismo, de resultar México condenado, habrá que pagar indemnizaciones, dejando de destinar presupuesto a otros temas prioritarios para el país, con la posibilidad de desalentar la inversión futura.

Refirió que si México desea evitar un aumento de demandas, así como promover la permanencia y atracción de inversiones extranjeras -en especial para aprovechar las oportunidades del nearshoring-, las acciones del gobierno mexicano deberán ser compatibles con sus obligaciones internacionales, garantizar el Estado de Derecho y propiciar un
clima de negocios favorable para la inversión.

Repasó que los tratados de libre comercio y los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs) de los que México es parte, tienen como objetivo promover la inversión extranjera, garantizar a ésta un trato bajo ciertos estándares, así como la previsibilidad y estabilidad del marco legal sobre inversión.

Además, establecen un mecanismo de solución de disputas donde los inversionistas extranjeros pueden dirimir una controversia con el país de establecimiento, sin la necesidad de recurrir a su propio gobierno para presentar la reclamación, evitando así que el caso se politice. Asimismo, estos pueden acceder a una indemnización si el país es condenado por incumplir sus compromisos

Por ello, para evitar un aumento de demandas, atraer inversión extranjera y aprovechar la relocalización, las acciones del Gobierno mexicano deberán ser consistentes con sus compromisos internacionales, garantizar el Estado de Derecho y propiciar un clima de negocios favorable para la inversión.