Por: Alfonso Gurza
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI, en 2021 en México el 90% de los pagos por hasta $500 pesos (los pagos “cotidianos”) y el 78% de las transacciones por montos superiores se realizó en efectivo.
Esto supone un avance con respecto a 2018 (95% y 87%, respectivamente) gracias al mayor uso de medios alternativos, pero el efectivo continúa siendo, por mucho, el medio de pago preferido por los mexicanos.
La extrema dependencia en el efectivo se relaciona con los bajos niveles de inclusión financiera y con el alto grado de informalidad de la economía mexicana: sólo el 67.8% de los adultos tenía algún producto financiero formal en 2021, mientras que a inicios de 2022 más de la mitad de los trabajadores se ubicaba en la informalidad con empleos precarios, de baja productividad, sin acceso a la seguridad social, con remuneraciones en efectivo en su absoluta mayoría y en donde la falta de estabilidad y de ingresos comprobables se combinan para dificultar el acceso a los servicios financieros formales.
Se tiene así un círculo vicioso de exclusión financiera, ineficiencia y evasión fiscal, que afecta a gran parte de la población y reduce el potencial de la economía. Por otra parte, el excesivo uso del efectivo se relaciona también con importantes retos, como son el combate al lavado de dinero, la corrupción y la criminalidad. No obstante, la infraestructura financiera registra importantes avances: de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 89% de la población habita en localidades en un radio de 4 kilómetros de un punto de acceso, el 92% lo hace en municipios con al menos una sucursal bancaria y el 95% con acceso a un cajero automático.
Por su parte, en 2021 la tenencia de cuentas de ahorro fue de 49.1% de los adultos y la de créditos formales de 32.7%, lo que significó avances importantes desde los niveles de 2015 (cuando era de 44.1% y 29.1%, respectivamente).
Si bien el sistema financiero debe seguir esforzándose por atender más y mejor las necesidades de sus usuarios -y el gobierno seguir trabajando en combatir la informalidad y sus causas-, los avances tecnológicos actuales nos sitúan frente a una oportunidad para impulsar políticas públicas que reduzcan el atractivo y la preferencia por el efectivo entre la población, que fomenten la adopción de medios de pago alternativos, aprovechando las soluciones digitales que ofrecen las entidades financieras tradicionales y las nuevas instituciones de tecnología financiera.
Deben generarse las condiciones necesarias para transitar a un ecosistema de pagos digitales que, con altos niveles de competencia, beneficie a los usuarios. A la entrada de nuevos participantes e iniciativas como CoDi, la participación indirecta en el SPEI y las cuentas de depósito digitales sin comisiones, deben sumarse incentivos fiscales que fomenten el uso y aceptación de medios de pago distintos al efectivo entre los consumidores y pequeños comerciantes (IVA) preferente para los primeros, reducciones en el ISR para los segundos), así como favorecer su uso en el pago de los servicios públicos de los diferentes niveles de gobierno, del transporte público, nóminas y beneficios de programas sociales.
El reto es considerable y supone un trabajo coordinado entre gobiernos, autoridades financieras, iniciativa privada y el sector financiero, pero los beneficios para las familias, empresas, gobiernos y la población actualmente excluida bien lo vale.
Artículo publicado en El Economista (México)
