El estudio sobre Inclusión Financiera de las Personas con Discapacidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), evidenció que 7 millones de personas con alguna discapacidad siguen enfrentando múltiples barreras para acceder y usar servicios financieros.
"No se ha estado a la altura de las circunstancias, ha habido avances en cuanto a rampas, cajeros con cierta altura, pero en esta parte física todavía hay un largo camino por recorrer y donde creo que sí hay un mayor rezago todavía es la atención de personas con discapacidad no sólo los bancos, aseguradoras, afores, hay todo un reto en cambiar la cultura organizacional al interior de las instituciones", dijo Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la presentación del estudio.
Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV, exhortó a todas las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano a tomar acción para mejorar la inclusión financiera de este segmento de la población de la estado históricamente excluido: "A las instituciones del sector financiero les pedimos que garanticen los derechos a la accesibilidad, a la igualdad y a la no discriminación (de las personas con discapacidad), que puedan hacer uso, sin dificultades, de la infraestructura financiera, que reciban un trato empático y humano por parte del personal. A los gremios bancarios, de finanzas populares, fintech, del mercado de valores, así como a las organizaciones (les pedimos) tomar acciones a partir de estos hallazgos", indicó.
Las barreras en el sistema financiero que se identifican en el estudio, fueron la carencia de documentación y herramientas de apoyo en Lengua de Señas Mexicana y en sistema de escritura braille, macrotipos o audios, lectura de labios, pictogramas o formatos en lectura fácil; así como intérpretes de Lengua de Señas para personas con discapacidad auditiva, y señalamientos podotáctiles.
Asimismo, apoyos sonoros o parlantes en las interfaces de los cajeros automáticos, las aplicaciones y en la asignación de turnos dentro de las sucursales; altura de cajeros automáticos y ventanillas amigable para personas de talla baja; homogeneidad y prevalencia de restricciones en el uso de biométricos; capacitación y sensibilización del personal; perspectiva inclusiva en los procesos de atención; contratos y procedimientos en diferentes formatos, que los hagan accesibles a diferentes formas de discapacidad, y claridad sobre la contratación de productos o servicios adicionales.
Derivado de la información obtenida en el estudio, así como desde un enfoque donde la discapacidad es una categoría protegida contra la discriminación y de las obligaciones que derivan del derecho a la accesibilidad en los entornos, se elaboraron recomendaciones que las instituciones financieras pueden aplicar para incrementar el acceso y la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema financiero para mejorar la accesibilidad en el uso de canales financieros; la percepción del trato recibido; la contratación y uso de productos financieros y para incrementar la apropiación del sistema financiero.
Adicionalmente, para iniciar el proceso de una cultura de inclusión y volverse accesibles, las instituciones financieras pueden seguir las siguientes recomendaciones, como primer paso: tener una política interna de accesibilidad; definir un área responsable de impulsar, apoyar y supervisar la implementación de dicha política,
Además, tener un nivel de accesibilidad objetivo (A, AA o AAA) en sus canales digitales y desarrollar una estrategia para lograrlo; definir recursos de capital y humanos; ofrecer cursos de sensibilización en todos los niveles y áreas; así como de accesibilidad digital a personas programadoras, diseñadoras, comunicólogas y creadoras de contenido digital; privilegiar conocimiento en accesibilidad en las contrataciones de personal, y solicitar productos y servicios accesibles a proveedores.
Además, formar equipos interdisciplinarios e incluir a personas con discapacidad; realizar periódicamente diagnósticos que verifiquen que las condiciones de accesibilidad sigan siendo óptimas, e incorporar gradualmente estas recomendaciones en los programas sociales que dispersan recursos o están dirigidos a personas con discapacidad.
