Con el lema de la Cumbre Iberoamericana, “Recuperación con restructuración: juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”, ministras y ministros de Administración Pública, Altas Autoridades y Representantes acordaron dar un renovado impulso a sus carteras, con el compromiso de hacerlas más eficaces, inclusivas, transparentes y cercanas a la ciudadanía.
Durante la clausura de la XX Conferencia Iberoamericana del sector, se indicó que se busca fortalecer el rol del Estado para continuar respondiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asentados en una administración pública efectiva y ágil, que fortalezca los servicios críticos e incorpore la perspectiva de género, entre otros propósitos.
Esto tras las lecciones aprendidas como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica que afectó profundamente a la sociedad global, con especiales consecuencias para la región de Iberoamérica.
Para ello, se acordó por consenso una Declaración conjunta que recoge, entre otros, lo siguiente: potenciar la apertura y la legitimidad de las Administraciones públicas mediante la mejora de su profesionalización y una mayor transparencia, rendición de cuentas, colaboración, participación ciudadana e integridad que permitan incrementar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones públicas.
Promover mecanismos innovadores de control económico-financiero en la administración pública que también evalúen y den seguimiento a la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios, licitaciones y productos que adquiere el sector público para fortalecer la lucha contra la corrupción sin incurrir en retrasos y/o paralización de la actividad administrativa (controles ex ante, ex post, aleatorios y selectivos).
Identificar las actuaciones y políticas públicas, al igual que los medios necesarios para el cumplimiento de los ODS, y crear espacios de aprendizaje entre los diversos niveles de la Administración pública, así como en los gobiernos.
Además de optimizar la coordinación e interconexión entre los distintos niveles de las administraciones públicas, aclarando la confusión competencial entre los distintos niveles del Estado, y respetando la unidad de mercado en todo el territorio nacional.
Ampliar y fortalecer los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en la administración pública, incluyendo a través de la asignación de presupuestos adecuados y la introducción de sistemas de seguimiento y evaluación sensibles al género.
Centrar la acción pública en las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y más afectados por el desempleo, la pobreza o la discriminación con el fin de no dejar a nadie atrás.
Además de mantener y promover mecanismos analógicos para evitar la exclusión que genera el analfabetismo digital.
